Italia ordena la prohibición de enmascaramiento y otras medidas para inmigrantes en las escuelas

El Gobierno de Italia, liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni, aprobó un decreto que establece un límite del 30% de alumnos extranjeros en las aulas con poco dominio del italiano y prohíbe el uso del burka y del nicab en los centros escolares. Esta decisión fue tomada el 24 de septiembre de 2026 y se aplicará a partir del curso escolar 2027-2028.

Meloni anunció en sus redes sociales que el decreto incluye medidas para facilitar el aprendizaje del idioma italiano a los estudiantes que no lo dominan adecuadamente. El límite del 30% se aplicará a los alumnos que no sean italianos, que no hayan nacido en Italia o que hayan cursado menos de dos años de educación infantil en el país. Según Meloni, estas son "medidas de sentido común que no dividen, sino que ayudan a integrar de verdad, evitando las clases-gueto y dando a todos los estudiantes las mismas oportunidades".

Sin embargo, la oposición ha criticado la medida, acusando al gobierno de priorizar una batalla cultural en lugar de abordar los problemas reales del sistema educativo. Elly Schlein, líder del Partido Demócrata, calificó el decreto de "vergonzoso" y lo consideró un intento de ocultar la incapacidad del gobierno para resolver los problemas del sistema educativo público.

Además, se señala que esta legislación busca limitar el avance de Futuro Nacional, un partido de extrema derecha que ha ganado apoyo en las encuestas. Este partido ha convertido las escuelas en un campo de batalla de su campaña a favor de la "remigración" y argumenta que la "contaminación" islámica en las aulas perjudica la identidad nacional.

El decreto también incluye la prohibición de enmascaramiento en los centros educativos, lo que impide el acceso con burka, nicab, mascarillas sin justificación médica y cascos. El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, advirtió que no se permitirá el ingreso a las clases con estas prendas, y recordó que un decreto anterior sancionaba con hasta dos años de cárcel a los padres que no enviaran a sus hijos a la escuela.