Halliburton confirma que no operará en Malvinas ni en Sea Lion

La empresa Halliburton, reconocida por proveer tecnología y personal especializado para la extracción petrolera, ha ratificado que no participará en el proyecto Sea Lion ni en actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus aguas circundantes. Esta decisión responde a un requerimiento del gobierno argentino en el marco de una ofensiva legal y diplomática contra empresas vinculadas al yacimiento.

La comunicación de Halliburton a las autoridades argentinas se produjo tras las dudas planteadas sobre su posible participación en el proyecto y la aplicación de la legislación vigente en relación con las actividades en el territorio en disputa. Esta declaración se da en un contexto de intensificación de la reivindicación argentina sobre las islas Malvinas, impulsada por el presidente Javier Milei, quien ha implementado sanciones para las empresas involucradas en la explotación petrolera del territorio británico.

La filial local de Halliburton ya había notificado el 5 de septiembre su decisión de no participar en proyectos en Malvinas. En este marco, la Cancillería argentina ha enviado cerca de 180 notificaciones formales a firmas de servicios petroleros de todo el mundo, advirtiéndoles que cualquier colaboración con Sea Lion las inhabilitaría para operar en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales en Neuquén.

La presión sobre el proyecto Sea Lion también se ha manifestado en el ámbito judicial. A mediados de septiembre, la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender cualquier actividad relacionada con el proyecto, debido a la falta de una evaluación de impacto ambiental validada por las autoridades argentinas.

Además, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco firmas vinculadas a Navitas Petroleum por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina, lo que podría acarrear penas de hasta 20 años de inhabilitación y 15 años de prisión. El proceso sancionatorio afecta a unas 60 personas y empresas de varios países, incluyendo el Reino Unido y Estados Unidos.

El 30 de agosto, Argentina notificó formalmente al Reino Unido sobre el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, otorgando un plazo de 14 días para detener las operaciones. Si no hay respuesta, Argentina avanzará con una demanda formal ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo.