Francia contabiliza los daños: 2.400 detenidos y cientos de comercios saqueados

Francia ha comenzado a evaluar los daños provocados por una de las jornadas de violencia urbana más graves de los últimos años. El balance incluye al menos 2.400 detenidos, casi un millar de policías y gendarmes heridos, cientos de comercios saqueados y numerosos edificios públicos dañados.

Ante esta situación, el presidente Emmanuel Macron prometió sanciones para los responsables. Las principales ciudades amanecieron con vehículos incendiados y calles cubiertas de vidrios rotos, tras las manifestaciones del sábado contra el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos. Las protestas reunieron entre 550.000 y 800.000 personas, según estimaciones, y aunque fueron mayoritariamente pacíficas, derivaron en enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad.

En París, los alrededores de la plaza de la República quedaron marcados por adoquines arrancados, vidrieras rotas, comercios saqueados y vehículos quemados. La Policía reportó 855 detenciones en la región parisina, mientras que la Fiscalía informó que 557 personas seguían bajo custodia. El alcalde Emmanuel Grégoire advirtió sobre la magnitud de los daños.

En Limoges, un incendio provocado tras la irrupción de grupos violentos en el Ayuntamiento destruyó gran parte del edificio histórico del siglo XIX y causó el derrumbe de su techo. También se registraron daños en una oficina de turismo de Lyon, en la sede municipal y una dependencia policial de Marsella, así como en edificios públicos de Lille, Angers y Burdeos. Los alcaldes de París, Marsella y Lyon solicitaron una reunión urgente con el primer ministro, Sébastien Lecornu.

Aún no se ha difundido una estimación definitiva de las pérdidas, aunque se anticipa que serán millonarias. Tras una reunión de emergencia con funcionarios de su Gobierno, Macron condenó los saqueos y ataques contra edificios públicos, asegurando que los responsables deberán responder ante la Justicia. El mandatario diferenció a quienes se movilizaron por reclamos sociales de los grupos violentos, a los que vinculó con sectores de la ultraizquierda radical y delincuentes. Además, ordenó reforzar la seguridad en edificios públicos, comercios y puntos estratégicos, y habilitó restricciones a concentraciones consideradas riesgosas, aunque descartó anunciar medidas excepcionales como el estado de emergencia o un toque de queda.