Exportadores uruguayos optan por otros puertos ante conflicto en Montevideo

El puerto de Montevideo enfrenta un conflicto desde abril, cuando comenzaron las negociaciones entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y su sindicato por un nuevo convenio colectivo. Las más de 40 paralizaciones dispuestas por el gremio han generado preocupación entre los empresarios, quienes advierten sobre una posible pérdida del prestigio de Uruguay.

A pesar de que el gobierno se ha negado a declarar la esencialidad de este servicio, ha solicitado “servicios mínimos” para asegurar la continuidad operativa. El sector empresarial ha señalado el daño reputacional que causan las constantes interrupciones en la actividad.

La TCP es la única terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo, con una concesión otorgada hasta 2081 a la empresa belga Katoen Natie, que posee el 80% de la terminal, mientras que el 20% restante está controlado por el Estado uruguayo a través de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

El convenio entre TCP y su sindicato venció en abril, y desde entonces, las negociaciones han estado marcadas por tensiones, especialmente en relación a la cantidad de jornales mensuales asegurados a los trabajadores. Recientemente, un paro nacional en todos los puertos escaló el conflicto, lo que llevó a 28 cámaras empresariales a declarar que la situación es “insostenible” para la producción, el comercio y la economía del país.

“La situación ha alcanzado un punto que exige una respuesta urgente y definitiva”, afirmaron en su declaración. Como resultado del conflicto, algunos exportadores han comenzado a utilizar puertos alternativos. “Como medida de contingencia y de emergencia, hay empresas que están tomando la decisión de salir por otro puerto. Esperamos que no sea una medida permanente”, comentó Carmen Porteiro, presidenta de la Unión de Exportadores.

El gobierno, a través de los ministerios de Trabajo y de Transporte, ha intervenido directamente en las negociaciones. El 11 de septiembre, se declararon “servicios mínimos”, destacando que las medidas gremiales han afectado seriamente el funcionamiento de la única terminal especializada de contenedores del país. La resolución del gobierno establece que deben atenderse los servicios de carga y descarga de buques, recepción de contenedores y almacenamiento, entre otros, mientras continúan las negociaciones por el nuevo convenio colectivo.