El Tribunal Supremo de Bolivia investiga a Evo Morales por la muerte de tres extranjeros en un operativo policial de 2009

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ha decidido abrir una investigación contra el ex presidente Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, por presuntos delitos de lesa humanidad relacionados con un operativo policial que resultó en la muerte de tres extranjeros en 2009 en Santa Cruz.

El presidente de la Sala, Carlos Ortega, anunció la resolución en una rueda de prensa en Sucre, la capital constitucional del país. Ortega indicó que se ha ordenado notificar a Morales y a García Linera en un plazo de 72 horas.

La acusación fue presentada el 9 de octubre por parlamentarios de la alianza opositora Libre, liderada por el ex presidente Jorge Quiroga. Se solicita un juicio de responsabilidades contra ambos exmandatarios por “ejecuciones sumarias” y por las detenciones ilegales y torturas que siguieron al operativo. El diputado Antonio Pino, en representación de Libre, entregó un legajo que incluye declaraciones, artículos de prensa y un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso.

El 12 de octubre, el Ministerio Público inició la fase de acumulación de antecedentes por los presuntos delitos de asesinato, vejaciones y torturas. El fiscal general interino, José Armando Urioste, describió esta fase como inicial y anunció que enviaría un informe al TSJ.

Debido a que se trata de expresidente y exvicepresidente, el procedimiento seguirá la vía del juicio de responsabilidades. Si la Fiscalía admite la acusación, el caso será enviado al Legislativo, que necesitará el voto de dos tercios para autorizar el proceso, tras lo cual el TSJ se encargará del juicio.

El expediente se refiere al asalto policial al hotel Las Américas de Santa Cruz el 16 de abril de 2009, donde murieron el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa-Flores, el húngaro-rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Fueron detenidos el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó. El Gobierno de Morales alegó que los cinco formaban parte de una célula terrorista que planeaba atentar contra el presidente y secesionar Santa Cruz.

Las 39 personas procesadas en el caso denunciaron que el Ejecutivo había montado el operativo por motivos políticos para silenciar a líderes opositores. En 2015, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas. Tras cumplir su pena, abandonaron Bolivia por temor a su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad. El proceso fue cerrado en 2020, cuando el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez retiró la acusación particular y la Fiscalía hizo lo mismo con la pública, lo que llevó al archivo del caso.

En septiembre de 2022, la CIDH concluyó que el Estado boliviano era responsable de violaciones a los derechos humanos de los afectados. El entonces procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó que el informe no era vinculante para Bolivia. En abril de 2024, la Fiscalía General conformó una comisión de fiscales para investigar el caso, quince años después de los hechos. García Linera ha cuestionado la investigación, sugiriendo que debería centrarse en las cuestiones operativas del procedimiento policial. Ortega indicó que el plazo de 30 días para la investigación preliminar ya está en curso, y al finalizar, el Ministerio Público dictará la resolución correspondiente.