El presidente Rodrigo Paz promulgó el acuerdo de Bolivia con el FMI por 1.900 millones de dólares

El presidente Rodrigo Paz promulgó el acuerdo de Bolivia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares, destinado a financiar reformas económicas y reforzar las reservas internacionales. Esta Ley 1765 entró en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, formalizando un acuerdo que el Gobierno había oficializado el 29 de julio.

La promulgación se produjo horas después de que Paz anunciara el levantamiento de la subvención al diésel, con un aumento del precio del litro de 9,80 bolivianos (equivalente a un dólar) a 17,95 bolivianos (1,83 dólares). Esta decisión responde a problemas de desabastecimiento de combustibles que el país enfrenta desde hace aproximadamente dos años.

El convenio concede a Bolivia 1.369 millones de DEG, equivalentes al monto aprobado, para afrontar desequilibrios fiscales y externos. El plazo de devolución se extenderá hasta 10 años desde cada desembolso, con una tasa de interés de 3,47% que podrá variar según la cotización de los derechos especiales de giro. La amortización comenzará a los cuatro años y seis meses, y los desembolsos podrán realizarse durante un máximo de 36 meses.

Además, el acuerdo prevé que Bolivia pueda captar financiamiento adicional de otros organismos multilaterales por unos 5.000 millones de dólares. El Gobierno se comprometió ante el FMI a eliminar por completo la subvención a los combustibles para 2027.

Paz, quien viajó a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la ONU, anunció que los recursos que antes se destinaban a la subvención del diésel se redirigirán a infraestructura pública, como escuelas, hospitales y carreteras. En un mensaje a la nación, afirmó: “Hemos tomado la decisión de que desde hoy el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben”.

El Gobierno también anunció un nuevo pago del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad para 2,9 millones de personas, y destinará 800 millones de bolivianos (81,6 millones de dólares) a créditos con condiciones preferenciales para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos y comerciantes minoristas, con un interés anual cercano al 6%.

Además, el bono para escolares aumentará de 200 a 300 bolivianos, se ofrecerán mayores facilidades para créditos de vivienda social y se apoyará a los gobiernos regionales para readecuar sus finanzas. La Administración también eliminará el impuesto para bienes importados destinados a actividades productivas, incluyendo insumos y herramientas.

Es importante recordar que Paz había retirado en diciembre la subvención a los combustibles, vigente desde 2005, pero en enero emitió un nuevo decreto tras las protestas de sindicatos obreros. A principios de julio, el Ejecutivo mantuvo por seis meses los precios fijados en diciembre para la gasolina y otros carburantes, mientras que el diésel quedó excluido de esa estabilidad.