El Gobierno boliviano advirtió a Evo Morales que “nadie está por encima de la ley”

El Gobierno de Bolivia, presidido por Rodrigo Paz, advirtió al ex presidente Evo Morales que ninguna persona está por encima de la ley. Esta declaración se produjo tras la amenaza de Morales de encabezar nuevas movilizaciones a partir del 13 de octubre contra las medidas económicas del Ejecutivo.

La respuesta del Gobierno llegó a través del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien enfatizó que Morales tiene derecho a cuestionar al Gobierno, pero no a imponer condiciones mediante bloqueos. Morales exige la abrogación del decreto 5716, que eliminó la subvención al diésel, y la norma que prioriza la reorganización, disolución o liquidación de empresas públicas. Si estas demandas no son atendidas, los sectores afines a Morales han advertido que activarán movilizaciones bajo la consigna de que, si no es “de a buenas”, será “de a malas”.

Justiniano calificó esta amenaza como incompatible con el Estado de derecho, afirmando que “nadie, por haber sido presidente o por tener capacidad de movilización, está por encima de la ley”. Además, recordó que existen órdenes de aprehensión vigentes contra Morales, quien debe presentarse ante la justicia con las garantías que establece la Constitución.

El pronunciamiento del Gobierno se produjo un día después de que Morales liderara un congreso de sus seguidores en el trópico de Cochabamba, donde lo acusó de ser un gobierno corrupto y sometido a intereses extranjeros. Morales también criticó las privatizaciones y la entrega de recursos naturales a empresas transnacionales, rechazando el modelo económico actual.

Este conflicto se origina en eventos anteriores, donde entre el 6 de mayo y el 23 de junio, organizaciones sindicales y campesinas mantuvieron bloqueos de carreteras que exigían mejoras salariales y terminaron pidiendo la renuncia de Paz, resultando en al menos 16 muertes y pérdidas económicas superiores a los USD 3.000 millones.

Paz, quien asumió el cargo el 8 de noviembre de 2025, heredó una economía en crisis, marcada por la escasez de dólares y combustible. En respuesta, impulsó el retiro de la subvención a los hidrocarburos, lo que generó descontento entre sectores que anteriormente lo apoyaron.

La situación judicial de Morales también complica el conflicto. La Fiscalía ordenó su captura el 29 de julio, acusándolo de terrorismo y alzamiento armado por su presunta implicación en los bloqueos de mayo y junio. Además, enfrenta otra causa por presunta trata agravada de personas y estupro, relacionada con una relación que habría mantenido con una adolescente durante su presidencia.

El 20 de junio, tras 53 días de protestas, Paz decretó un estado de excepción en todo el país para restablecer la libre circulación y el abastecimiento, el cual fue extendido por el Congreso el 17 de septiembre. Este estado de excepción se mantiene vigente mientras el Gobierno negocia un acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones.

El enfrentamiento entre Paz y Morales va más allá de la disputa por el precio del diésel, reflejando un choque entre un Ejecutivo que busca desmontar dos décadas de política subvencionada y un liderazgo que aún conserva capacidad de movilización en el campo boliviano.