Cazas F-16, blindados y nuevos aviones: compras militares de Argentina y Chile

La reciente compra de cazas F-16 por parte de Argentina y los planes de Chile para renovar sus aviones de combate han reavivado el debate sobre el equilibrio militar entre ambos países. Sin embargo, el analista internacional Andrei Serbin Pont sostiene que estas adquisiciones responden a la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas y recuperar capacidades postergadas, y no a una carrera armamentista.

Durante una columna en Infobae al Mediodía, Serbin Pont explicó que las compras militares no implican necesariamente una escalada bélica. Para evaluar si existe un proceso de rearme, es fundamental considerar las amenazas que enfrenta cada país, la evolución de sus presupuestos, los cambios en sus capacidades y la orientación de sus políticas de Defensa.

La incorporación de los F-16 permite a la Fuerza Aérea Argentina recuperar su capacidad de combate supersónico, perdida en 2015 con la retirada de los Mirage. Esta renovación era una demanda de la institución desde la década de 1990, aunque su concreción se demoró durante años. Además, la Argentina ha recibido ocho vehículos blindados Stryker y ha solicitado otras 235 unidades para equipar a la Décima Brigada, destinada a operaciones de despliegue rápido. Estos nuevos vehículos reemplazarán medios sobre orugas de la década de 1960.

En el ámbito naval, los aviones P-3C Orion modernizan las capacidades de patrulla marítima, sustituyendo aeronaves anteriores que presentaban limitaciones tecnológicas. A estas adquisiciones se suman los planes para incorporar submarinos y buques de superficie. Serbin Pont destacó que las tres fuerzas necesitan renovar sus sistemas y que la compra de una plataforma no resuelve por sí sola todas sus necesidades operativas.

Por su parte, Chile también está preparando el reemplazo de sus aviones F-5, que acumulan más de cinco décadas desde su desarrollo. La Fuerza Aérea chilena opera 46 F-16, lo que le ha permitido mantener una ventaja en capacidades de combate aéreo frente a Argentina. Sin embargo, Serbin Pont descartó que las decisiones de ambos países respondan a una competencia por la superioridad militar, argumentando que las diferencias actuales son consecuencia de distintos ritmos de inversión y modernización.

En cuanto al gasto militar, Argentina destina alrededor del 0,56% de su producto bruto interno (PBI) a Defensa, mientras que Chile ha reducido su asignación del 2,6% en 2008 al 1,52% en la actualidad. Según Serbin Pont, estas cifras no reflejan una expansión sostenida del esfuerzo militar de ninguno de los dos países. Las adquisiciones buscan reemplazar equipos antiguos o recuperar capacidades que habían quedado fuera de servicio.

El analista planteó cuatro criterios para distinguir una modernización de un proceso de rearme: la existencia de una amenaza concreta, un incremento significativo del gasto o de las capacidades militares, la búsqueda de una ventaja estratégica decisiva y la adopción de una doctrina ofensiva. A su juicio, ninguno de esos factores permite hablar de una carrera armamentista entre Buenos Aires y Santiago.

Serbin Pont también destacó el vínculo construido entre ambos países durante las últimas décadas, mencionando el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y los mecanismos de cooperación militar que han contribuido a superar antiguas disputas limítrofes. Ejemplificó con los entrenamientos conjuntos recientes entre paracaidistas chilenos y fuerzas especiales argentinas, reflejando una relación institucional que contrasta con las versiones sobre un enfrentamiento inminente.

Finalmente, el analista cuestionó las versiones difundidas en redes sociales que presentan las compras militares como un anticipo de una guerra entre ambos países, advirtiendo que no hay un conflicto en el horizonte y que la renovación de los equipos responde a necesidades operativas acumuladas durante años.