Bolivia revisa 67 empresas públicas por su situación financiera

El Gobierno de Bolivia ha puesto bajo revisión a 67 empresas públicas, priorizando los procesos de reorganización, disolución o liquidación de estas entidades. Esta medida forma parte del programa de ajuste de las cuentas estatales implementado por la administración de Rodrigo Paz Pereira.

La disposición fue establecida mediante el Decreto Supremo 5727, aprobado el jueves y publicado en la Gaceta Oficial. Este decreto establece un procedimiento para definir el futuro de cada empresa a partir de un diagnóstico técnico, sin que esto implique el cierre automático de las 67 entidades.

El nuevo decreto declara como prioridad del Ejecutivo la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado. Para determinar el camino a seguir en cada caso, se utilizará un diagnóstico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), el cual deberá ser aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP).

Según la evaluación realizada por la OFEP, se identificaron al menos 20 de las 67 empresas en situación crítica. Cada entidad deberá ser evaluada de manera individual, siguiendo las recomendaciones del diagnóstico y el marco jurídico que rige su creación.

Del total de entidades analizadas, 42 son completamente estatales y 25 tienen participación mixta, con presencia del Estado y capital privado. La revisión abarca compañías de distintos sectores, incluyendo la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y entidades vinculadas a las áreas eléctrica y petrolera.

El decreto también establece distintos caminos legales según el origen de cada empresa. Si fue creada mediante un decreto supremo, se deberá tramitar otro instrumento de ese tipo; si surgió a partir de una ley, será necesario elaborar un anteproyecto de ley.

En paralelo, el Ejecutivo boliviano ha lanzado el Programa Nacional de Renovación de Vehículos PATRIA, creado mediante el Decreto Supremo 5726. Esta iniciativa busca facilitar el financiamiento para la adquisición de vehículos destinados al transporte público y fortalecer los mecanismos de conversión de unidades a Gas Natural Vehicular (GNV).

El programa está dirigido a integrantes del sector del transporte público que cumplan con los requisitos establecidos en la reglamentación. Los mecanismos de financiamiento podrán incluir fondos, fideicomisos y otras alternativas consideradas técnica y financieramente viables. Además, el financiamiento podrá vincularse con el consumo de combustible a través de un sistema informático.

La normativa también dispone que la antigua Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular pase a denominarse Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular PATRIA, bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. El decreto mantiene los programas relacionados con la conversión a GNV, el mantenimiento de equipos, la recalificación y reposición de cilindros, y la transformación de vehículos que utilizan diésel.

La creación de PATRIA se produce tras la decisión del Gobierno boliviano de retirar el esquema de subsidios al diésel, una medida que generó malestar entre los sectores del transporte público. En este contexto, las autoridades han planteado la renovación del parque automotor y la conversión de vehículos a GNV como parte de las alternativas para el sector.