Bolivia deroga subsidio a la gasolina de aviación

El gobierno de Bolivia derogó la subvención a la gasolina de aviación, estableciendo que el combustible se venda a precio internacional. Esta medida se enmarca dentro de un ajuste al sistema de hidrocarburos que ya había generado protestas tras el aumento del diésel.

El decreto, firmado por el presidente Rodrigo Paz, establece “las condiciones de importación y comercialización de la gasolina de aviación grado 100, con la finalidad de garantizar el abastecimiento de combustibles en el mercado interno”. Con esta decisión, se elimina el precio regulado de cerca de USD 0,90 por litro que regía para este carburante, y a partir de ahora se comercializará a valores de mercado.

Esta acción forma parte de las reformas económicas del Ejecutivo, que busca responder a lo que se define como la peor crisis en 40 años. La administración de Paz atribuye una parte central del déficit estatal al esquema de subsidios para los combustibles. Hace dos semanas, el Gobierno también retiró el 100% de la subvención al diésel, cuyo precio ahora dependerá de las cotizaciones internacionales.

La gasolina mantendrá el subsidio hasta el cierre de este año, y se prevén nuevas medidas para enero. El incremento del diésel ha generado reclamos, especialmente entre los transportistas de carga, y ya ha repercutido en los precios de los alimentos, dado que Bolivia importa el 80% del diésel y el 50% de la gasolina que consume.

El Gobierno busca ordenar las cuentas públicas y destinar recursos antes asignados a la subvención a obras estatales. Sin embargo, transportistas, comerciantes y maestros han expresado su rechazo a estas medidas.

Además, el presidente Paz anunció que enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre electricidad, que busca reducir gradualmente la dependencia del gas para la generación energética y promover fuentes renovables no convencionales. Esta es la segunda iniciativa legislativa que el Gobierno remite al Congreso, tras haber presentado en agosto un proyecto de ley de inversiones, que aún no ha sido aprobado.

La administración del presidente también declaró como “prioritaria” la reorganización de empresas estatales deficitarias, tras identificar 15 compañías en quiebra técnica con pérdidas acumuladas de unos USD 381 millones. Un decreto establece una evaluación individual de cada empresa, que deberá ser aprobada por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep).

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anticipó que la evaluación alcanzaría a entre ocho y diez instituciones. En abril, se informó que 15 de las 67 empresas estatales del país se encontraban en quiebra técnica, con pérdidas acumuladas de 2.655 millones de bolivianos, equivalentes a unos USD 381 millones. La mayoría de estas compañías fue creada durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, que impulsaron la expansión de las empresas públicas como parte de una política para fortalecer la producción nacional y sustituir importaciones.