A días del balotaje en Brasil, los candidatos priorizan medidas populares en sus planes fiscales

Los candidatos a la presidencia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, están orientando sus planes fiscales hacia medidas políticamente atractivas a pocos días de la segunda vuelta electoral, programada para el 25 de octubre. Economistas advierten que las estrategias para contener la creciente deuda del país solo se conocerán después de los comicios.

La deuda bruta de Brasil ha aumentado más de 10 puntos porcentuales desde que Lula asumió el Gobierno, alcanzando el 82,9% del producto interno bruto (PIB). Lula busca continuar en el cargo tras un resultado adverso en la primera vuelta, donde Bolsonaro se impuso a comienzos de octubre.

Bolsonaro, candidato de perfil derechista, ha prometido un recorte fiscal acelerado, con el objetivo de sumar 1,5 puntos del PIB al resultado primario en un plazo de 18 meses. Su estrategia busca transmitir solidez a los mercados y abaratar el costo de financiamiento del Estado. Sin embargo, su equipo aún no ha precisado cómo se implementará este ajuste.

El oficialismo también se ha comprometido a avanzar en la consolidación de las cuentas públicas, aunque de manera más gradual y asegurando que el ajuste no afecte a los sectores de menores ingresos. Con encuestas que ubican a Bolsonaro apenas por delante, ambos candidatos han evitado abordar las causas del desequilibrio presupuestario, optando por anuncios que no generen rechazo en el electorado.

Los economistas coinciden en que el principal desafío es el rápido crecimiento del gasto obligatorio y la creciente rigidez del presupuesto. El año pasado, solo el 7,6% del presupuesto federal estuvo bajo manejo discrecional del Gobierno, un porcentaje inferior al 14,2% registrado en el año 2000.

Daniella Marques, asesora económica de Bolsonaro, ha negado que su espacio planee tocar los programas sociales, garantizando que jubilaciones y subsidios de asistencia quedarán al margen de cualquier recorte. Por su parte, Geraldo Alckmin, vicepresidente en la fórmula de Lula, ha sugerido que la prioridad debería ser limitar el financiamiento de las campañas políticas y revisar los altos sueldos de algunos empleados del Estado.

Rafaela Vitoria, economista jefe del banco brasileño Inter, ha señalado que ninguna de las dos coaliciones ha presentado las reformas necesarias para estabilizar la deuda. "No existe una solución mágica a corto plazo", explicó, añadiendo que el debate sobre medidas estructurales es difícil durante una campaña electoral debido a su impopularidad.

En paralelo, el Senado brasileño aprobó una enmienda constitucional que reduce la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales sin afectar los sueldos. Lula planea convertirla en ley la próxima semana, con el apoyo inesperado de Bolsonaro, quien había sido opositor a la iniciativa hasta días antes de la votación.